Internet y derechos de autor
ES verdad que la piratería causa estragos económicos, tanto en España como fuera de nuestras fronteras. Es verdad que se venden menos discos, menos películas, menos libros, menos juegos... a la vez que sus descargas (ilegales) se multiplican por millones en la Red. Y es verdad que hay que hacer algo, y pronto, para terminar con esta auténtica lacra de la era digital. Pero el remedio no debe adoptarse a costa de renunciar a las garantías que la democracia y la legalidad vigente aseguran a todo ciudadano. Ni tampoco aplicando cánones «preventivos», que penalizan a priori a sectores industriales completos en previsión de hipotéticos comportamientos delictivos por parte de los consumidores de sus productos. Hacerlo es tanto como poner una tasa sobre los huevos sólo porque alguien podría usarlos para lanzarlos contra los árbitros en competiciones deportivas, o contra los actores de una mala obra teatral.
Si la Justicia demuestra, como está haciendo, ser más lenta que los piratas informáticos y no consigue detener su avance, la única solución lógica parece ser la de modernizar sus métodos, sus procedimientos, sus recursos y, especialmente, los medios de que actualmente dispone para combatir el «cibercrimen». Lo que no parece acertado es, ante la situación actual de impotencia, hacer una dejación de funciones y permitir que «entidades competentes» (?) ocupen el lugar que corresponde a los tribunales y se arroguen competencias que no tienen y que, afortunadamente, por ahora seguirán sin tener. El anteproyecto de ley de control de internet retirado ahora por el Gobierno ha dejado, además, al descubierto las diferencias que existen entre los Ministerios de Cultura e Industria, cuyos titulares no parecen ponerse de acuerdo en un asunto tan complejo como importante. Así, y en contra de la postura de Carmen Calvo, Joan Clos no parece dispuesto a que su Departamento avale una norma polémica y cuya validez ha sido ya cuestionada por el Consejo de Estado.
Por todas esas razones, la retirada del texto legal por parte del Ejecutivo es una buena noticia. A pesar de que las entidades de gestión de derechos se empeñen en decir que no. La «vida digital» de la que tanto se habla, y la Sociedad de la Información a la que nos vemos abocados tiene, por supuesto, su lado oscuro. Porque los mismos adelantos tecnológicos que sirven para modernizar la sociedad pueden usarse también para cometer delitos. El fraude on-line, el phising bancario, el spam que inunda nuestros correos electrónicos, la pornografía infantil a través de internet y los virus informáticos son problemas graves que tampoco están resueltos. Y habrá que buscar la mejor manera de hacerlo. Igual que con la piratería.
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