Consideraciones sobre el cierre de La Riviera
Silvia Lendinez de Frontline me manda las siguientes reflexiones que me parece interesante compartir.La noticia del cierre de La Riviera significa que una vez más el sector de los espectáculos de música en directo se ve castigado: en Madrid no queda un solo recinto dentro de la periferia de la M 30 donde se pueda organizar un concierto de un artista con un aforo entre 1.500 y 2.000 personas.
El doloroso asesinato de Álvaro Ussía a la puerta de una discoteca madrileña, ha dejado patente ante la opinión pública la falta de regulación en el sector de la seguridad de discotecas y locales de ocio, así como la desatención por parte de la administración municipal a los expedientes interpuestos a un ingente número de locales de Madrid. Para aplacar la polémica y lavar su imagen pública, los políticos dan la espalda al auténtico debate y se limitan a tomar medidas cosméticas y represivas que están muy lejos del núcleo del asunto y por tanto de la solución.
Es lógico admitir que en algún momento se debe parar la actividad de cualquier local que no se adecue a la normativa pero el cierre de La Riviera no soluciona el problema que los vecinos del Parque Atenas, cercano a la sala, vienen padeciendo desde hace años: un espacio público que semanalmente invade gran número de personas para sus prácticas de ocio sin ningún tipo de licencia, normativa o impuestos. En el caso concreto de La Riviera, la repentina actuación municipal resulta cuanto menos sorprendente dado que la discoteca lleva abierta más de medio siglo.
Este problema es trasladable a todas las zonas de Madrid en donde se ha hecho habitual la apertura de bares y discotecas. Los barrios de Chueca y Malasaña, por ejemplo, sufren semanalmente los ruidos, basura, olores y desperfectos que miles de ciudadanos acometen haciendo uso de un derecho que viene a denominarse “utilización de la vía pública”. Por complicado que parezca el asunto no lo es tanto si diferenciamos un supuesto carácter moral del debate, términos en los que alguna vez se ha propuesto, del carácter estrictamente normativo. En nuestro país los derechos no son adquiribles por uso o convención, sino que existe un marco constitucional que regula cómo y de qué forma tienen que ser redactadas, aprobadas y promulgadas las leyes que deben regir a la sociedad. Si un sector de nuestros ciudadanos vive al margen de esta coyuntura, por ignorancia o por oportunismo, las autoridades, en este caso las municipales, deberás tomar medidas urgentes destinadas a educar a esas personas para que aprendan a respetar tanto a sus conciudadanos como a la sociedad en la que viven.
En nuestra ciudad existe ya un decreto que prohíbe el consumo de alcohol en la calle, así como una ley de ruidos que, a partir de cierto horario, limita cualquier tipo de actividad que exceda unos determinados decibelios. Estas normativas implican una serie de actuaciones “represoras” que, o bien no se han llevado a cabo, o no han sido lo suficientemente contundentes para obtener los resultados que cualquier ley persigue.
Los profesionales de la música en directo, lo mismo que los aficionados, deberíamos insistir en este aspecto sino queremos seguir viendo reducida esta a la programación que se realiza desde las instituciones públicas, en la que lamentablemente no tiene cabida gran parte de la actividad cultural que nuestro sector promueve. La programación de conciertos en directo no interfiere en el descanso de los ciudadanos porque, en primer lugar, es realizada en los mismos horarios en que, por ejemplo, se llevan a cabo las sesiones de teatro y porque nos preocupamos escrupulosamente del entorno donde tienen lugar.
Los promotores de conciertos utilizamos las discotecas y locales de ocio que nos ofrecen la oportunidad de realizar nuestra actividad y contamos con profesionales y empresas que garantizan la seguridad de los asistentes y la calidad de nuestros espectáculos. Nuestra actividad no es sólo una alternativa de ocio, sino que a través de la música se fomenta valores éticos y estéticos que nada tienen que ver con el individualismo e insolidaridad en que gran parte de nuestra sociedad habita.
El Ayuntamiento de Madrid, con el fin de promover la candidatura de la capital a la sede olímpica, está realizando múltiples campañas en nuestro país y fuera de él para vender sus excelencias en el mundo. Pero ¿No es parte de la excelencia de una capital del siglo XXI su oferta cultura? ¿No es una oferta cultural la programación de conciertos en directo? ¿No es un asunto lamentable que las propuestas de rock, pop o cualquier otro estilo musical no puedan hacer parada en Madrid durante la programación de sus giras porque no hay un local en donde realizar espectáculos? ¿No se está desatendiendo una demanda social, la de la música popular de nuestro tiempo?
El doloroso asesinato de Álvaro Ussía a la puerta de una discoteca madrileña, ha dejado patente ante la opinión pública la falta de regulación en el sector de la seguridad de discotecas y locales de ocio, así como la desatención por parte de la administración municipal a los expedientes interpuestos a un ingente número de locales de Madrid. Para aplacar la polémica y lavar su imagen pública, los políticos dan la espalda al auténtico debate y se limitan a tomar medidas cosméticas y represivas que están muy lejos del núcleo del asunto y por tanto de la solución.
Es lógico admitir que en algún momento se debe parar la actividad de cualquier local que no se adecue a la normativa pero el cierre de La Riviera no soluciona el problema que los vecinos del Parque Atenas, cercano a la sala, vienen padeciendo desde hace años: un espacio público que semanalmente invade gran número de personas para sus prácticas de ocio sin ningún tipo de licencia, normativa o impuestos. En el caso concreto de La Riviera, la repentina actuación municipal resulta cuanto menos sorprendente dado que la discoteca lleva abierta más de medio siglo.
Este problema es trasladable a todas las zonas de Madrid en donde se ha hecho habitual la apertura de bares y discotecas. Los barrios de Chueca y Malasaña, por ejemplo, sufren semanalmente los ruidos, basura, olores y desperfectos que miles de ciudadanos acometen haciendo uso de un derecho que viene a denominarse “utilización de la vía pública”. Por complicado que parezca el asunto no lo es tanto si diferenciamos un supuesto carácter moral del debate, términos en los que alguna vez se ha propuesto, del carácter estrictamente normativo. En nuestro país los derechos no son adquiribles por uso o convención, sino que existe un marco constitucional que regula cómo y de qué forma tienen que ser redactadas, aprobadas y promulgadas las leyes que deben regir a la sociedad. Si un sector de nuestros ciudadanos vive al margen de esta coyuntura, por ignorancia o por oportunismo, las autoridades, en este caso las municipales, deberás tomar medidas urgentes destinadas a educar a esas personas para que aprendan a respetar tanto a sus conciudadanos como a la sociedad en la que viven.
En nuestra ciudad existe ya un decreto que prohíbe el consumo de alcohol en la calle, así como una ley de ruidos que, a partir de cierto horario, limita cualquier tipo de actividad que exceda unos determinados decibelios. Estas normativas implican una serie de actuaciones “represoras” que, o bien no se han llevado a cabo, o no han sido lo suficientemente contundentes para obtener los resultados que cualquier ley persigue.
Los profesionales de la música en directo, lo mismo que los aficionados, deberíamos insistir en este aspecto sino queremos seguir viendo reducida esta a la programación que se realiza desde las instituciones públicas, en la que lamentablemente no tiene cabida gran parte de la actividad cultural que nuestro sector promueve. La programación de conciertos en directo no interfiere en el descanso de los ciudadanos porque, en primer lugar, es realizada en los mismos horarios en que, por ejemplo, se llevan a cabo las sesiones de teatro y porque nos preocupamos escrupulosamente del entorno donde tienen lugar.
Los promotores de conciertos utilizamos las discotecas y locales de ocio que nos ofrecen la oportunidad de realizar nuestra actividad y contamos con profesionales y empresas que garantizan la seguridad de los asistentes y la calidad de nuestros espectáculos. Nuestra actividad no es sólo una alternativa de ocio, sino que a través de la música se fomenta valores éticos y estéticos que nada tienen que ver con el individualismo e insolidaridad en que gran parte de nuestra sociedad habita.
El Ayuntamiento de Madrid, con el fin de promover la candidatura de la capital a la sede olímpica, está realizando múltiples campañas en nuestro país y fuera de él para vender sus excelencias en el mundo. Pero ¿No es parte de la excelencia de una capital del siglo XXI su oferta cultura? ¿No es una oferta cultural la programación de conciertos en directo? ¿No es un asunto lamentable que las propuestas de rock, pop o cualquier otro estilo musical no puedan hacer parada en Madrid durante la programación de sus giras porque no hay un local en donde realizar espectáculos? ¿No se está desatendiendo una demanda social, la de la música popular de nuestro tiempo?
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