Bastarán los ingresos petroleros para impedir una revuelta argelina? Por Al Hasan Aashi

Artículo publicado por por Al Hasan Aashi en Al Hayat traducido por Al Fanar Traductores.

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¿Será Argelia el siguiente país árabe en vivir una oleada de protestas para exigir cambios políticos radicales? Es la pregunta que se impone después de que la Coordinadora Nacional por el Cambio y la Democracia, una organización formada recientemente que incluye partidos de la oposición y asociaciones civiles, anunciara la organización de una marcha masiva el 12 de este febrero para exigir «el levantamiento del estado de emergencia» y «un cambio de régime».

A pesar de que Argelia vivió varias manifestaciones el mes pasado, éstas no llegaron al nivel alarmante de constituir una amenaza real para régimen, ni por el número de participantes, ni por los grupos a los que representaban, ni tampoco por la duración de las protestas o la extensión geográfica, como ha sido el caso de Túnez y Egipto. A pesar de la existencia de muchas similitudes entre la situación económica y social en Argelia, Túnez y Egipto (la elevada tasa de desempleo, especialmente entre los jóvenes, la proliferación de la corrupción y la burocracia, la ausencia de transparencia) lo que más atrae la atención en el caso de Argelia es el hecho de que se trate de un país rico por sus recursos de petróleo y gas con unas reservas de petróleo que superan los 10.000 millones de barriles (la producción diaria es de 1,2 millones de barriles).

El precio del petróleo en el mercado mundial se ha disparado hasta los 100 dólares mientras que el ciudadano argelino no siente ninguna mejora en su nivel de vida, al contrario, la pobreza y el desempleo proliferan, su poder adquisitivo se deteriora y la dificultad de encontrar una vivienda digna con precios a su alcance se hace mayor. Lo que más enfurece a la calle argelina no es solo el aumento desorbitado de los precios de los productos básicos, como el aceite, el azúcar, la harina que devoran más del 40% del presupuesto de una familia, y que fue la causa principal de las protestas del mes pasado, sino el hecho de darse cuenta, ahora más que nunca, de la pésima gestión de los ingresos de su país por las ventas del petróleo y el gas que superaron los 55.000 millones de dólares en 2010.

Ya han transcurrido quince años desde el inicio del programa de la reforma estructural y la apuesta por el sector privado, pero la economía argelina sigue sufriendo muchos desajustes estructurales que se pueden resumir en lo siguiente:

Primero: Argelia no logra deshacerse de su excesiva dependencia del sector del petróleo y el gas. A finales de 2010 este sector representaba el 35% del PIB, el 98% de las exportaciones y el 70% de los ingresos, sin embargo, este sector contribuye en menos de un 5% a la generación del empleo.

Segundo: La ausencia de una estrategia sólida para desarrollar y modernizar el sistema económico. Argelia lanzó un programa económico quinquenal (2010-2014) con un presupuesto de 286.000 millones de dólares que engloba numerosos proyectos en los sectores de las infraestructuras, la enseñanza, la sanidad y la vivienda, entre otros, pero este programa no deja de ser una mera lista de proyectos elaborada por los diferentes ministerios, sin ninguna estrategia de desarrollo clara por parte del gobierno argelino.

Tercero: Las inversiones públicas son una condición necesaria pero no son suficientes para lograr un desarrollo económico a medio y largo plazo, algo que solo se consigue con la implicación del sector privado en la inversión, la producción y el empleo. Por este motivo es necesario que el gobierno cree un clima judicial idóneo para animar la iniciativa individual y las inversiones locales y extranjeras.

Cuarto: La eficiencia de la inversión pública y la corrección de una mala gestión no son posibles sin la activación de aparatos de control y de cuestionamiento. No hay que olvidar el importante papel que puede desempeñar el Parlamento examinando leyes y formando comisiones de investigación sobre la manipulación del dinero público, además de abogar por la independencia de la justicia a fin de que desempeñe su misión sin restricciones para perseguir a quienes estén implicados en ese tipo de delitos.

Quinto: El sector bancario en Argelia, gran parte del cual sigue en manos del sector público, contribuye poco a la financiación de la economía. Las garantías crediticias concedidas al sector privado no superan el 24% del PIB de Argelia, mientras que están por encima del 50% del PIB en Túnez o del 78% en Marruecos. La escasez de financiación obstaculiza el desarrollo del sector privado e impide a los inversores llevar a cabo grandes proyectos.

Los ingresos acumulados de Argelia por sus exportaciones de petróleo y gas han permitido a su gobierno hasta ahora pagar la factura de la escalada de tensión social a través de la subvención de los precios de los productos de primera necesidad y el aumento de los salarios de los grandes funcionarios gubernamentales.

Es verdad que estas soluciones provisionales han contribuido, junto al enfoque de la seguridad, a limitar en cierta medida las protestas, pero el listón de las demandas de la calle argelina seguirá subiendo. Los líderes argelinos deben replantearse de forma radical y sin rodeos todas sus políticas, activar los poderes legislativo y judicial y plantear una estrategia de desarrollo cuyos frutos sean recogidos por todos los sectores sociales y en todas las zonas geográficas. De no ser así, estos líderes serán sorprendidos por unas demandas políticas claras que no aceptarán menos de lo conseguido por el pueblo tunecino y de aquello a lo que aspira hoy la calle egipcia.