Corrupción y transparencia

Columna aparecida en el número 2.085 de la revista Cambio 16 de esta semana.

http://cambio16.es/not/1017/corrupcion_y_transparencia

Me invitan a acudir al “I Seminário Nacional sobre Jornalismo Cultural” en Maputo (Mozambique). La universidad de uno de los países más pobres del mundo está intentando sacar adelante la especialidad de periodismo cultural. No conozco ninguna universidad española que lo haya planteado.

Durante la estancia se presenta el informe “Dia-a-dia e Corrupção: Opinião Pública em Moçambique” a cargo de Transparency International (TI). Mil entrevistas para conocer el grado de corrupción; policía, sistema educativo, funcionarios, partidos políticos, parlamento, justicia, fuerzas armadas, empresarios, confesiones religiosas, medios de comunicación y las ONG son por este orden, las entidades más corruptas para los mozambiqueños.

El país africano aparece en el puesto 120 del ranking mundial de un total de 182 analizados. Somalia, Corea del Norte y Myanmar –antigua Birmania– tienen el triste honor de encabezar la lista de los más corruptos. El último país ha sido visitado recientemente por Hillary Clinton. Es de desear que esta visita sirva para que la dictadura militar reduzca una represión que ampara la esclavitud y la prostitución infantil, no duda en masacrar a las minorías étnicas y está implicado en el comercio internacional de tráfico de drogas. Varias ONG han mostrado su preocupación por un viaje que contribuirá a mejorar la imagen del país, sin que haya dado ningún paso significativo en la mejora de los derechos humanos y en la eliminación de la corrupción.

El informe global de TI presentado en Berlín el pasado día 1 de diciembre, muestra a Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia y Suecia encabezando la lista de los países más transparentes, menos corruptos. España ocupa el puesto 31, con una puntuación de 6,2 sobre un máximo de 10, entre Chipre y Botswana, país fronterizo con Mozambique.

Los días en la capital africana son de intenso trabajo, pero siempre hay algún momento para leer nuestra prensa en Internet. 20.000 millones de euros costará reflotar la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), intervenida como la de Castilla-La Mancha (CCM) y CajaSur. Otras tres: Novacaixagalicia, Catalunya Caixa y Unnim han sido nacionalizadas. Todos sus directivos han recibido gratificaciones millonarias. Un ex responsable de Caixa Penedès se asigna 11 millones de euros de pensión. El Consejo de Ministros indulta a Alfredo Sáenz, Consejero Delegado del Banco de Santander. Gracias a la Red conocemos que la entidad bancaria ha perdonado parte de la deuda de los partidos políticos, concediendo hipotecas –en excelentes condiciones– a varios de sus responsables.

Alcaldes y concejales de Barcelona se gastan más de 38.000 euros al año en dietas. La Comunidad de Murcia suprime ayudas a la cultura, sin recortar en canapés y viajes. El País comenta el colosal saqueo de dinero público en la Comunidad Valenciana. En Público es portada la trama descubierta por Hacienda a Iñaki Urdagarin y Cristina de Borbón, donde están implicados la SGAE, Jaume Matas y la Generalitat Valenciana entre otros. Comenta que la ONG liderada por el miembro de la familia real, sacó de España más de 400.000 euros a Gran Bretaña sin que conste ninguna actividad de ésta en dicho país ¿Para cuándo un comunicado de la Casa Real?

Una Ley de Transparencia parece más necesaria que nunca. Es una de las reivindicaciones habituales del Movimiento 15-M. Cuando se plantea, buena parte de políticos y medios de comunicación acusan de radicales a los que la proponen. ¿Puede alguien creer que en un país democrático el exigir más transparencia y máximo control en la gestión del dinero público es una propuesta antisistema? ¿Es poco democrático exigir la exclusión de las listas electorales de cualquier procesado? ¿Es un delito pedir la máxima transparencia en la financiación de los partidos políticos? ¿Es peligroso pedir que se garantice el anonimato de quien denuncie cualquier tipo de corrupción?

Observando lo anterior parece evidente saber quiénes están a favor de un estado realmente democrático y quiénes lo defienden para sacar provecho personal. Los antisistema ocupan despachos oficiales. Los que creen en la democracia toman las calles y los barrios.