Cultura y crisis económica o las consecuencias de una política inexistente

El pasado día 1 de diciembre los medios de comunicación se hacían eco del cierre del Museo Chillida-Leku. Los motivos, la actual crisis económica que ha traído consigo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a 23 trabajadores que dejarán sus puestos de trabajo el próximo 1 de enero.

El emblemático museo, inaugurado en septiembre de 2000 por los reyes de España, es el primer museo de arte de Gipuzkoa, según un comunicado difundido en su página web, con más 810.000 visitantes desde su puesta en marcha y uno de los cuatro mejor valorados en toda Euskadi.

Con su cierre se pone fin al sueño de uno de los grandes representantes de nuestra cultura: Eduardo Chillida. Se clausura el espacio que muestra la evolución y trayectoria de nuestro escultor más universal, junto a su gran rival Jorge Oteiza, siendo en las propias instalaciones museísticas donde finalizó la porfía entre ambos. El escritor Juan Cruz calificaba en su blog la noticia como dramática, comentado que se disolvía “un universo complejo… un homenaje a la reflexión y a la quietud”. Por la columna de Pablo Meléndez-Haddad en la edición de catalana de ABC (3-12-2010), nos enteramos que La Casa de la Danza de Logroño va tener igual de mal futuro.

Paralelamente se anuncia el cierre del Centro José Guerrero, dedicado a difundir desde su creación, hace diez años, la figura del pintor y grabador granadino, una de las grandes referencias del expresionismo abstracto de la segunda mitad del siglo pasado. En su día un acuerdo entre la Diputación de Granada y la familia “permitió el préstamo de una importante colección de sesenta pinturas, así como el archivo y la biblioteca personales del artista a la ciudad de Granada, sin compensación económica alguna y por un periodo determinado de tiempo”, según recoge la web del Comité Internacional del ICOM para Museos y Colecciones de Arte Contemporáneo. La pretensión del organismo provincial de incorporar la mencionada obra en una futura Fundación Granadina de Arte Contemporáneo, ha originado el conflicto con los hijos del artista que consideran que la obra de su padre “quedaría diluida en una ambigua entidad, de intenciones y futuro incierto”, que según recoge la citada web, podría originar la clausura.

Días antes, en la edición madrileña de El País (19-11-2010), se comentaba que “las deudas del Consistorio ahogan a las pymes de actividades culturales”, señalando que el Ayuntamiento de Madrid “asfixia a decenas de promotoras de eventos y espectáculos que trabajan en la capital”, indicando que según la Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo (ARTE), que representa a la mayor parte de organizadores de fiestas y conciertos de nuestro país, solo la deuda del gobierno de Ruiz Gallardón asciende a más de diez millones de euros, mencionando igualmente que solamente entre cinco empresas, de nueve consultadas, la deuda del Consistorio madrileño asciende a casi cinco millones y medio de euros.

Diferentes maneras de entender la gestión y la crisis, parecen poner de manifiesto que la cultura y los trabajadores relacionados con ella vamos a ser algunos de los más perjudicados por la actual situación económica. Pocos parecen interesados en proteger un sector que genera un 7% del PIB mundial, con un crecimiento estimado en un 10% anual, que aporta a nuestro WAB (Valor Añadido Bruto) el 3% del total nacional, ascendiendo al 3,8% si se considera el conjunto de actividades económicas vinculadas a la propiedad intelectual, estando por encima de lo contribuido por agricultura, ganadería y pesca, el 2,6%, o la energía con el 2,7%. Significativas son nuestras exportaciones de bienes culturales que ascendieron en 2009 a 835,5 millones de euros, destacando de manera especial el comportamiento de libros y prensa.

En contraposición a lo manifestado por algunos dirigentes políticos y medios de comunicación de ser un sector sustentado en ayudas públicas, los datos indican lo contrario. El gasto líquido en cultura por la Administración General de Estado en 2008, se sitúo en 1.075 millones de euros (0,10% del total), 2.219 millones (0,20%) invirtieron las Comunidades Autónomas y un 0,36%, 3.907 millones, la administración local. Un país cuya mejor imagen en el exterior la aportan creadores, escritores, pintores, artistas, cineastas, músicos… y deportistas, que cuenta con un patrimonio histórico artístico excepcional, reclamo para millones de turistas, que tiene en su diversidad cultural y lingüística uno de sus mayores atractivos y por lo tanto con capacidad de generar importantes recursos, invierte cantidades mínimas en creación, producción, investigación, innovación, promoción y difusión cultural. No existe una política de estado que entienda la riqueza económica y de empleo que supone apostar por ello. Para las industrias culturales de carácter supranacional, relacionadas con el ocio, el entretenimiento y la comunicación, esto es más que evidente desde hace años, conscientes de ser uno los sectores con mayor crecimiento a nivel mundial.

En nuestro país los técnicos institucionales que trabajan en estas áreas han asumido los ajustes presupuestarios para 2011, que en algunos casos se recortan en un 40 por ciento. Teniendo en cuenta que una buena parte de los mismos se dedican a gastos corrientes (nóminas, mantenimientos…) ¿Cuánto quedará realmente para producir y difundir cultura al margen de las grandes industrias del entretenimiento y el ocio, con identidad propia, creando marca e imagen de país? No se sabe, pero la incertidumbre aumenta, y frente a actitudes claramente pesimistas, se abren otras que plantean una reinvención que apueste por la transformación, la innovación y la proyección internacional.

El pasado 18 de noviembre el Ministerio de Cultura dio a conocer el Anuario de Estadísticas culturales 2010 (www.mcu.es/estadisticas/MC/NAEC/2010/IndiceEstadisticas2010.html). Según la Cuenta Satélite de Cultura que proporciona información sobre la cultura y las actividades relacionadas con la propiedad intelectual, analizando el impacto de la actividad cultural en el PIB y en el VAB, los empleados en el sector de la cultura en 2009 ascendían a 544.800 –en el año 2000 eran 397.600 personas– lo que supone un 2,9% del empleo nacional, representando el 3,1% del total de empresas recogidas en el Directorio Central de Empresas elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El empleo cayó en el sector un 5,8% mientras en el conjunto de todas las actividades lo hizo en un 7,2%, es decir casi un punto y medio menos.

A pesar de la crisis, en el año 2009 había registradas 102.945 empresas culturales, 433 más que el año anterior. El grado de formación de sus empleados es más elevado que el de otros sectores; el 3,7% tiene educación primaria, el 39,2 secundaria y 57,2 superior o equivalente. Se puede decir que es un sector bien cualificado con unas particularidades que lo convierten, además de por su actividad, en singular.

Está constituido por microempresas, colectivos, asociaciones de autoempleo, microestructuras y trabajadores autónomos en un porcentaje mucho más elevado que en otros sectores económicos. Aunque la cualificación en general es buena, en la actividad cotidiana relacionada con la gestión cultural la autoformación es lo que impera. No existe un marco educativo regulado, coherente y conjunto. Tema más que complejo como se puso de manifiesto en los primeros intentos de intentar enfocarlo/regularlo/evidenciarlo, por parte de la UNED en los años ochenta o por alguna comisión interministerial creada durante los primeros gobiernos de Felipe González. En un sector donde debe primar, por su singularidad evolutiva, la formación continua, se parte de la realidad de que cada trabajador tiene que autoformarse en función de unos intereses profesionales concretos, sin tener muchas veces una visión conjunta de todo lo relacionado con su quehacer. Aunque en los últimos años han proliferado másteres en gestión cultural, algunos de ellos excelentes, uno de sus grandes hándicap es que están basados en planteamientos teóricos poco efectivos para la actividad cotidiana. En buena parte debido a que legalmente los mismos tienen que ser impartidos por un número determinado de docentes de la universidad correspondiente, que evidentemente desconocen las necesidades de la tarea diaria. La escasa experiencia en este campo, la falta de programas I+D específicos de líneas de investigación autónomas, unido a las escasas publicaciones y ediciones propias, trae consigo la importación de modelos formativos sin profundizar ni desarrollar uno propio, que tenga más que ver con nuestra realidad y proyección internacional, especialmente con América Latina, el Mediterráneo y el Magreb. En muchos de ellos no se tienen en cuenta los nuevos y cambiantes contextos en los que se desarrolla la gestión cultural diaria: cooperación, intercambios, migraciones, diversidad, género, autoproducciones, espacios de creación colectiva, autogestión, territorios y metrópolis, culturas y licencias libres, trabajo en Red, pensamiento crítico, autoediciones, distribución alternativa, copyleft… enfocando la mayoría de la docencia a reproducir y justificar la cultura como recurso y no como derecho, encaminada a perpetuar un modelo economicista que solo entiende la creatividad como generadora de beneficios económicos, como mero negocio. Los mapeos e interconectividades colectivas que puedan permitir el desarrollo de políticas participativas son inexistentes, así como el fomento de la buena gobernanza, las buenas prácticas, la renovación pedagógica e ideológica.

Esta visión económica arropada bajo paraguas diversos como “economía creativa”, “ciudades creativas”, “economía del arte”… ha traído consigo que poco a poco los estados se vayan desentendiendo de sus responsabilidades culturales, dejándolas a expensas de las reglas de un mercado global, sin identidad, ideologizado y comprometido con un modelo único y excluyente. Se ha pasado de las políticas activas en los ochenta, a otras más pasivas que en nuestro caso se agudiza al estar traspasadas las competencias a las comunidades autónomas, primando un evidente localismo que impide una visión conjunta, una política global, común y diversa a la vez, y una difusión acorde con su relevancia. Se ha consolidado un discurso político-cultural que enfatiza que el único modelo cultural viable es el que está encaminado a propiciar el desarrollo económico.

No se trata de excluir a nadie, sino de que modelos diferentes converjan en una política común, global, de estado. Nuestras industrias culturales han mostrado su competitividad internacional. La gestión autónoma, independiente e innovadora ha permitido que seamos identificados por sectores muy dinámicos y diversos en todo el mundo. Su conjunción debería permitir una mayor visualización de país. La productividad cultural, según diferentes estudios, está por encima de la de otros sectores. En momentos en los que se propicia un cambio de modelo económico, dejar al margen la cultura sería un error lamentable, de consecuencias irreparables. La diversidad cultural, la biodiversidad y la cooperación cultural deben formar parte del diseño de futuro.

Las industrias culturales al ser tratadas como tales tienen espacios y territorios donde expresarse, consiguiendo ser escuchadas, valoradas, reconocidas y apoyadas por las diferentes instancias gubernamentales. El sector creativo y el emprendimiento cultural también tienen que tener un lugar propio diferenciado, impulsado y dinamizado de manera autónoma, que tenga presente el contexto político y económico que vivimos, basando su actividad en principios de igualdad, respeto, beneficio colectivo y responsabilidad compartida, sin que su labor tenga que ser evaluada y analizada con los mismos baremos por el que deben hacerlo las grandes industrias del ocio y el entretenimiento.

El estado debe tener un papel activo para erradicar la incertidumbre y que ésta deje de ser la constante del sector, teniendo en cuenta su singularidad y complejidad, posibilitando el acceso a créditos, a una financiación acorde con lo que representa, contribuyendo a combatir la precariedad laboral fruto de unos flujos de trabajo cambiantes, propiciando la formación continua, el intercambio de conocimiento, el accesos a las nuevas tecnologías, al trabajo en Red y el desarrollo de una proyección internacional coherente, dinamizadora y plural.

En resumen, es imprescindible una política de estado que comprenda que la cultura no debe ser solo generadora de recursos económicos, sino que se entienda como un derecho reconocido en nuestra Constitución para el disfrute, formación y participación de todos los ciudadanos.