Romper el cortoplacismo para rescatar la Cultura
Artículo publicado en La Marea el pasado lunes en
colaboración con Yolanda Agudo López
Se prodigan los debates sobre la cultura y su gestión, es el
tema central de la última edición en papel de esta revista. Lo que caracteriza
a la mayoría de los que plantean alternativas es su fijación casi exclusiva por
lo propio ¿qué hay de lo mío? y lo preocupante
es que la discusión suele estar monopolizada por los gurús culturales-institucionales
que la han gestionado en las últimas décadas con poca autocrítica y menos reflexión.
Rubén Martínez investigador cultural, acierta al afirmar “no
existe ninguna cosa que podamos denominar economía de la cultura del mismo modo
que no hay un espacio abstracto al cual podamos denominar “economía”. Lo que sí
existe es la economía política de la cultura” una parte del debate en el
que pocos participan. La gestión cultural no es una cuestión económica, como
tampoco lo es la gestión de la sanidad, la educación o la dependencia. Es una gestión
política.
En Lógica de la abundancia el profesor Juan Urrutia manifestaba hace años que los
recursos existen, son los gobiernos los que políticamente deciden como se
utilizan. Cuando un gobierno nacional o regional apuesta por los toros mientras
cierra o privatiza un centro cultural o una biblioteca está tomando decisiones
políticas. Igual que cuando se refinancia la banca, se recorta en educación o
se promueve el copago farmacéutico. El debate cultural suele obviar a los creadores -personas que
aportan lo más íntimo y personal con sus creaciones- y al público. Lo normal es
que sean catalogados como números en estadísticas para desarrollar una
narrativa favorable a las grandes industrias que nada tienen que ver con la
cultura y mucho con el entretenimiento.
Sin entrar a analizar el papel del arte y los artistas en la actual
sociedad en red, y en redes, parece incuestionable que el modelo cultural se
está transformando. Prima la colaboración entre los participantes -desde el
creador al público pasando por productores y gestores- como alternativa al
modelo competitivo habitual. Cada cual aporta lo que mejor conoce para
desarrollar propuestas en común.
Trabajos más artesanales, y por lo tanto más personales, con
una identidad propia que identifica a sus creadores y desarrolla relocalizaciones
–otra evidencia de la sociedad red. Partir de espacios propios donde los
saberes nacen y se despliegan, creciendo y mutando en múltiples espacios, unos
más comunes y otros no tanto.
Es sustancial avistar lo anterior a la hora de propiciar caminos,
rutas, espacios, puntos de encuentro. Transformación que tiene mucho que ver
con la feminidad de la cultura. Desde tiempos pretéritos han sido las
responsables de la creación, la transmisión y la difusión cultural. Una realidad
silenciada durante siglos. La metamorfosis actual tiene mucho que ver con ello
al evidenciar lo que se ocultaba. Aunque en la mayoría de los grandes foros,
patrocinados por marcas e instituciones, las siguen relegando a un papel
secundario, el día a día muestra justamente lo contrario. El cambio actual de
paradigma es una cuestión de género, ellas están abriendo caminos y recorridos,
aunque muchos no quieran verlo.
Llegados a este punto es preciso recordar que el estado tiene
el mandato constitucional (art. 44.1) de garantizar a todos el acceso a la
cultura, ni debe, ni puede hacer dejación de ello. Una política de estado que no
debe estar basada en el cortoplacismo como ocurre desde hace décadas. Nuestra política
cultural está marcada por la temporalidad (periodos legislativos, elecciones…).
Alguien la denominó como la tiranía del presente, al priorizar la obtención de
beneficios rápidos, impidiendo cohesionar proyectos en marcha, disipando el
futuro. Si no queremos renunciar definitivamente a él se debe cambiar
totalmente dicho modelo por otro más acorde con los tiempos y con lo relatado
anteriormente.
Soluciones que no pueden centrarse en la aprobación o no de la Ley de Mecenazgo, que cada vez parece
más evidente que nunca va a producir. Es significativo que desde la
restauración democrática ningún gobierno haya planteado una Ley General de la Cultura huyendo de la
temporalidad y garantizando con ello su
desarrollo a medio y largo plazo. Que nunca se haya manifestado refleja la visión
limitada de lo cultural. Políticos-legisladores basando su actividad en clave
electoral y el sector en la consecución de resultados inmediatos.
Un proyecto de ley de esa naturaleza solo podrá ser asumido y
representativo si en el mismo participan todos los sectores implicados –no solo
los industriales- teniendo en cuenta los espacios existentes, la diversidad de
los proyectos en desarrollo o en vías de desarrollar y la pluralidad nacional
del Estado español.
Tras la promulgación de una ley de esas características sería
precisa una Ley de Financiación y
Planificación de la Cultura, que vaya más allá del simple mecenazgo. Normativa
que tenga presente el desarrollo institucional, las necesidades de formación de
los trabajadores culturales, que capacite para la creación, desarrollando canales
de información permanentes y, por supuesto, facilite la financiación. Una normativa
que obligue a todas las administraciones públicas a dedicar un tanto por ciento
de sus presupuestos –como hace años recomendaba el Consejo de Europa- a la cultura para cumplir así el Artículo 44.1
de la Constitución. Una ley que se complemente con normativas y decretos
detallando claramente el tipo de ayudas directas (subvenciones y premios),
indirectas (préstamos, créditos, avales, supresión de tasas, reducciones
temporales) y fiscales (IVA, desgravaciones, exenciones, incentivos, casilla en
la declaración de la renta…), fomentando la cooperación cultural local, regional,
nacional e internacional.
Una política cultural de estado, y no cortoplacista, debe de
tener siempre presente la temporalidad y la complejidad laboral de la mayoría
del sector. Promover la creación de un Fondo
de Garantía Cultural que permita sacar de la precariedad a buena parte de
los profesionales afectados por la temporalidad de la mayoría de sus trabajos.
Todo debe ser fruto del debate más amplio, plural y abierto con
el objetivo de conseguir el máximo consenso. Mientras ello se produce se pueden
promover una serie de medidas urgentes que ayuden a la financiación cultural. Un
par de sorteos de lotería específicos al año, creación de Bonos Culturales desgravables, que parte del IVA aplicado a las telefonías móviles se destine a la cultura –ya
que son las grandes beneficiadas por las descargas de productos culturales- o
la inclusión de una casilla específica en la Declaración de la Renta, son solo algunas de las posibles medidas que
se podrían empezar a valorar y desarrollar.
Tema relevante en la financiación cultural es la utilización
de los espacios e infraestructuras públicos existentes. La cogestión es una vía
a investigar. Además de contribuir a la racionalización de los recursos
públicos permitiría sacar muchos proyectos adelante evitando la privatización
de muchos equipamientos financiados con dinero público. Gestión compartida no
basada en la eliminación de los recursos existentes sino en una mejor
utilización de los mismos. Una reflexión sobre ello es imprescindible pero la
dejamos para una posible próxima entrega.
Lo manifestado aquí solo son algunas ideas, con toda
seguridad habrá muchas más y mejores. Una contribución que va más allá de lo
inmediato y de lo más próximo a nuestro quehacer diario. Forma parte de esa
ilusión que permite a las trabajadoras y trabajadores culturales levantarnos
cada día pensando que la cultura es una herramienta de transformación, quizás
por eso es tan ignorada y tan poco valorada por gobernantes y mercaderes.
Rubén Caravaca
Fernández y Yolanda Agudo López miembros de Fabricantes de Ideas / La Fábrica de Ideas
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