¿Por qué no lo puedo matar? Si de todas maneras vamos a morir: cartas de amenaza, secuestro y violación de la concejala Darlene Heatherington
La concejala de Lethbridge (Alberta, Canadá) Darlene "Dar" Heatherington en octubre de 2002 empezó a vivir el horror de recibir durante meses cartas cada vez más amenazadoras, sexualmente explícitas, de un hombre que la estaba acosando. La policía estaba investigando estas amenazas y un día desapareció en una conferencia en Great Falls, Montana, fue localiza en un hotel de Las Vegas, Nevada, tres días después.
Contó a la policía que había sido asaltada, drogada y secuestrada por un hombre.
En una segunda versión relató que mientras montaba en su nueva bici de montaña tubo problemas con la misma y un coche paró para ayudar, pero algo ocurrió y fue secuestra y violada por este hombre.
De algún modo logró persuadir a su secuestrador de que le quitase las esposas y logró escapar del coche que estaba estacionado frente del hotel y casino de Treasure Island.
Cuando la policía comenzó a preguntarla por los detalles del secuestro ella no supo dar respuestas convincentes, no decía como había sido el recorrido en coche de Montana a Las Vegas, como era el hombre, el coche.
El 10 de junio de 2003, fue acusada de ofensa pública después de que la policía concluyera que el acosador no existía, y que Heatherington probablemente escribiría las cartas ella misma.
A excepción de una emotiva conferencia de prensa en junio pasado, donde dijo que había una conspiración policial para desacreditarla, Heatherington se negó a hablar con los medios de comunicación sobre el caso.
Durante la investigación del caso su marido, que pensó que ella tenía un amante, confió a un detective que la vida sexual de la pareja había mejorado mientras recibía las cartas y señaló que Dar había comenzado a comprar lencería sexy.
El ayuntamiento luchó para destituirla de su cargo, Dar que se negó a hacerlo finalmente renunció al mismo en una carta.
Heatherington recibió una sentencia condicional de 20 meses,
consistente en ocho meses de arresto domiciliario seguido de 10 meses
de toque de queda y 100 horas de servicio comunitario y consejería.
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